CONTRATACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA

CONTRATACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA. MEDIDAS PRÁCTICAS PARA ATAJAR LA CORRUPCIÓN EN EL MARCO DE LA NUEVA REGULACIÓN

Editorial:
EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS
Año de edición:
Materia
Derecho administrativo
ISBN:
978-84-7052-711-1
Páginas:
468
Encuadernación:
Rústica
Colección:
Sin colección

Esta obra ofrece un completo paquete de medidas prácticas para prevenir y atajar la corrupción en la contratación pública, actualmente el campo más vulnerable a esta lacra de costosísimos efectos morales y económicos. La «transparencia» se presenta como el ?antídoto' más efectivo contra la corrupción para lograr una contratación pública íntegra y eficiente.

Se analizan más de cuarenta medidas para materializar este principio a lo largo del procedimiento de contratación en todos los contratos públicos, especialmente en las denominadas ?zonas oscuras', la preparación y la ejecución, sin descuidar la fase de adjudicación: control sobre los documentos preparatorios; elección del procedimiento de adjudicación (con especial atención a los contratos menores); delimitación de los criterios de solvencia; elección y valoración de los criterios de adjudicación; control de la ejecución, sus modificaciones y restablecimiento del equilibrio económico; coordinación del derecho de información con los de propiedad intelectual e industrial de los licitadores; etc. Las propuestas parten de la regulación de las Directivas sobre contratación de 2014, del vigente TRLCSP y del anteproyecto de la ley que transpondrá aquéllas, interpretadas a la luz de la doctrina científica y jurisprudencial, especialmente del TJUE. Por todo ello, las medidas que se examinan en esta obra, son aplicables tanto en base a la legislación vigente como de cualquier otra que se dicte en el futuro.

El libro concluye con unas propuestas para fortalecer la aplicación del principio de transparencia en la futura ley de contratos y con medidas más amplias para cerrar el círculo del control de la corrupción: profesionalización de todos los intervinientes; fortalecimiento de los controles internos y externos y exigencia efectiva de responsabilidades administrativas y penales.