LEY DE LA JURISDICCION SOCIAL CON JURISPRUDENCIA

LEY DE LA JURISDICCION SOCIAL CON JURISPRUDENCIA. CÓDIGO CON JURISPRUDENCIA

Editorial:
ARANZADI
Año de edición:
Materia
Legislacion
ISBN:
978-84-9059-870-2
Páginas:
900
Encuadernación:
Rústica
Colección:
CODIGOS CON JURISPRUDENCIA

La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, entró en vigor el 11 de diciembre de 2011, sustituyendo a la Ley de Procedimiento Laboral de 1995. Mantiene la misma estructura que su antecesora, formada por 305 artículos, tres disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete finales. Los capítulos se distribuyen en cuatro libros: parte general, proceso ordinario y otras modalidades procesales, medios de impugnación y ejecución de resoluciones judiciales.
La principal novedad es la ampliación de las materias cuyo conocimiento se atribuye a la jurisdicción social. Entre otros objetivos que nos brinda la disposición, nos ofrece una mayor y mejor protección a los trabajadores y a los beneficiarios de la Seguridad Social, proporciona mayor seguridad jurídica al mercado laboral, dota a los órganos judiciales de instrumentos que agilicen los procesos de resolución de controversias y moderniza la justicia. Esta Ley presenta, en definitiva, una respuesta más eficaz y ágil a los litigios que se puedan suscitar en las relaciones de trabajo y seguridad social, y ofrece un tratamiento unitario a la diversidad de elementos incluidos en el ámbito laboral para una mejor protección de los derechos.
La edición se ha cerrado a noviembre 2015, teniendo en cuenta las últimas modificaciones establecidas por la Ley 26/2015, de 28 de julio, por la que se modifica el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y la Ley 1/2014 de 28 de febrero, de protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.
El libro tiene como principal finalidad aportar el vigente texto del Código Procesal Laboral (LRJS), ilustrado con los principales criterios interpretativos asumidos respecto de ellas por las Salas de lo Social de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, pero también (en menor medida) otros tribunales (Audiencias Provinciales, otras Salas del Tribunal Supremo).

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