LEY REGULADORA DE LA JURISDICCION SOCIAL 2022

Nota preliminar.

Abreviaturas.

LEY 36/2011, DE 10 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL (BOE n.º 245, de 11 de octubre de 2011).

Preámbulo.

Libro I. Parte general.

Título I. Del ejercicio de la potestad jurisdiccional.

Capítulo I. De la jurisdicción.

Capítulo II. De la competencia.

Capítulo III. De los conflictos de competencia y de las cuestiones de competencia.

Capítulo IV. De la abstención y de la recusación.

Título II. De las partes procesales.

Capítulo I. De la capacidad y legitimación procesal.

Capítulo II. De la representación y defensa procesales.

Capítulo III. De la intervención y llamada a juicio del Fondo de Garantía Salarial.

Título III. De la acumulación de acciones, procesos y recursos.

Capítulo I. De la acumulación de acciones, procesos y recursos.

Sección 1.ª Acumulación de acciones.

Sección 2.ª Acumulación de procesos.

Sección 3.ª Acumulación de recursos.

Sección 4.ª Disposiciones comunes.

Capítulo II. De la acumulación de ejecuciones.

Título IV. De los actos procesales.

Capítulo I. De las actuaciones procesales.

Capítulo II. De las resoluciones procesales.

Capítulo III. De los actos de comunicación.

Título V. De la evitación del proceso.

Capítulo I. De la conciliación o mediación previas y de los laudos arbitrales.

Capítulo II. Del agotamiento de la vía administrativa previa a la vía judicial.

Título VI. De los principios del proceso y de los deberes procesales.

Libro II. Del proceso ordinario y de las modalidades procesales.

Título I. Del proceso ordinario.

Capítulo I. De los actos preparatorios y diligencias preliminares, de la anticipación y aseguramiento de la prueba y de las medidas cautelares.

Sección 1.ª Actos preparatorios y diligencias preliminares.

Sección 2.ª Anticipación y aseguramiento de la prueba.

Sección 3.ª Medidas cautelares.

Capítulo II. Del proceso ordinario.

Sección 1.ª Demanda.

Sección 2.ª Conciliación y juicio.

Sección 3.ª De las pruebas.

Sección 4.ª Sentencia.

Sección 5.ª Proceso monitorio.

Título II. De las modalidades procesales.

Capítulo I. Disposición general.

Capítulo II. De los despidos y sanciones.

Sección 1.ª Despido disciplinario.

Sección 2.ª Proceso de impugnación de sanciones.

Capítulo III. De la reclamación al Estado del pago de salarios de tramitación en juicios por despido.

Capítulo IV. De la extinción del contrato por causas objetivas y otras causas de extinción.

Sección 1.ª Extinción por causas objetivas.

Sección 2.ª Despidos colectivos por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción.

Capítulo V. Vacaciones, materia electoral, movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo y derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral reconocidos legal o convencionalmente.

Sección 1.ª Vacaciones.

Sección 2.ª Materia electoral.

Subsección 1.ª Impugnación de los laudos.

Subsección 2.ª Impugnación de la resolución administrativa que deniegue el registro y de la certificación de la representatividad sindical.

Sección 3.ª Clasificación profesional.

Sección 4.ª Movilidad geográfica y modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo.

Sección 5.ª Derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral reconocidos legal o convencionalmente.

Capítulo VI. De las prestaciones de la Seguridad Social.

Capítulo VII. Del procedimiento de oficio y del de impugnación de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social no prestacionales.

Sección 1.ª Del procedimiento de oficio.

Sección 2.ª Del procedimiento de impugnación de actos administrativos en materia laboral y de seguridad social excluidos los prestacionales.

Capítulo VIII. Del proceso de conflictos colectivos.

Capítulo IX. De la impugnación de convenios colectivos.

Capítulo X. De las impugnaciones relativas a los estatutos de los sindicatos y de las asociaciones empresariales o a su modificación.

Sección 1.ª Impugnación de la resolución administrativa que deniegue el depósito.

Sección 2.ª Impugnación de los estatutos de los sindicatos.

Sección 3.ª Estatutos de las asociaciones empresariales.

Capítulo XI. De la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas.

Título III. De la audiencia al demandado rebelde.

Libro III. De los medios de impugnación.

Título I. De los recursos contra providencias, autos, diligencias de ordenación y decretos.

Título II. Del recurso de suplicación.

Título III. Del recurso de casación y demás procesos atribuidos al conocimiento del Tribunal Supremo.

Título IV. Del recurso de casación para la unificación de doctrina.

Título V. De las disposiciones comunes a los recursos de suplicación y casación.

Título VI. De la revisión de sentencias y laudos arbitrales firmes, y del proceso de error judicial.

Libro IV. De la ejecución de sentencias.

Título I. De la ejecución de sentencias y demás títulos ejecutivos.

Capítulo I. Disposiciones de carácter general.

Sección 1.ª Normas generales.

Sección 2.ª Normas sobre ejecuciones colectivas.

Capítulo II. De la ejecución dineraria.

Sección 1.ª Normas generales.

Sección 2.ª El embargo.

Sección 3.ª Realización de los bienes embargados.

Sección 4.ª Pago a los acreedores.

Sección 5.ª Insolvencia empresarial.

Capítulo III. De la ejecución de las sentencias firmes de despido.

Capítulo IV. De la ejecución de sentencias frente a entes públicos.

Título II. De la ejecución provisional.

Capítulo I. De las sentencias condenatorias al pago de cantidades.

Capítulo II. De las sentencias condenatorias en materia de Seguridad Social.

Capítulo III. De las sentencias de despido.

Capítulo IV. De las sentencias condenatorias recaídas en otros procesos.

Capítulo V. Normas comunes a la ejecución provisional.

Disposiciones adicionales.

Disposiciones transitorias.

Disposición derogatoria.

Disposiciones finales.

ÍNDICE ANALÍTICO.

La Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, ordenó al Gobierno que en el plazo de seis meses aprobara un proyecto de ley de reforma del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral de 1995, indicando además que dicha reforma debía contemplar «la atribución al orden jurisdiccional social, entre otras cuestiones, de los recursos contra las resoluciones administrativas de la Autoridad laboral en los procedimientos de suspensión temporal de relaciones laborales, reducción de jornada y despido colectivo, regulados en los artículos 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores».

Fruto de ese encargo es la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, cuya voluntad innovadora se pone de relieve en la derogación expresa del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral -del que Editorial Tecnos llegó a publicar dieciocho ediciones- y en la sustitución de esta clásica denominación por otra diferente.

La presente edición, profusamente anotada y concordada, incluye las importantes modificaciones introducidas por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.