ORDENANZAS MUNICIPALES DE CONVIVENCIA CIUDADANA SANCIONES Y DEMOCRACIA LOCAL

ORDENANZAS MUNICIPALES DE CONVIVENCIA CIUDADANA SANCIONES Y DEMOCRACIA LOCAL

Editorial:
CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS CONSTITUCIO
Año de edición:
Materia
Derecho politico y constitucional
ISBN:
978-84-259-1711-0
Páginas:
390
Encuadernación:
Rústica

El objeto de este libro consiste en analizar el alcance del principio de legalidad sancionadora cuando se trata de la tipificación de infracciones y sanciones en las denominadas "ordenanzas de convivencia ciudadana". El análisis de esta realidad jurídica se ha llevado a cabo a partir del estudio específico de los ámbitos derivados del Derecho positivo. El primero de ellos alude al examen de la necesaria concurrencia, derivada directamente de nuestra Norma Fundamental, en la ley básica de régimen local de los elementos estructurales sobre los que ha de diseñarse el régimen procedimental de elaboración de las mismas: participación de los caros públicos representativos locales, publicidad y discusión, intervención de los ciudadanos y publicación de las normas. Se trata de principios que, preordenados directamente por la Constitución y en desarrollo del principio democrático, han de figurar necesariamente en la ley básica local. Mientras que el segundo ámbito se refiere al análisis de cómo las ordenanzas y reglamentos locales que tipifican infracciones y determinan las correspondientes sanciones se insertan en la propia LrBRL a través de la técnica de la habilitación/remisión de las Leyes en blanco. El examen de las "ordenanzas de convivencia ciudadana" pone de relieve cómo el desarrollo de los municipios españoles de las previsiones contempladas en el Título XI de LrBRL se ha llevado de forma dispar, motivado por la ausencia de una política general en materia de convivencia ciudadana impulsada desde las instancia territoriales estatales y autonómicas que, con pretensión de abarcar dicho fenómeno desde un planteamiento global -social, económico, asistencia, etc.- pueda hacer frente a fenómenos como las prostitución, la mendicidad, etc., con relación a los cuales los municipios no pueden formular nada más que políticas fragmentarias.