CARTA SOCIAL EUROPEA EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL ESPAÑOL LA

CARTA SOCIAL EUROPEA EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL ESPAÑOL LA

Editorial:
ATHENAICA EDICIONES UNIVERSITARIAS
Año de edición:
ISBN:
978-84-17325-46-6
Páginas:
392
Encuadernación:
Rústica
Colección:
ATH

La presente obra tiene como principal objetivo demostrar que el reconocimiento de los derechos sociales no puede ser sometido a la posible bonanza económica de ningún Estado social y democrático de derecho que se precie. Cuando hablamos de garantía y justiciabilidad de los derechos sociales estamos hablando simplemente del pleno reconocimiento de la dignidad de la persona, un valor que, en tiempos de crisis, parece diluirse entre ajustes del gasto público y cercenamiento de los propios derechos fundamentales, no solo los sociales. Durante los años más crueles de la crisis, los derechos sociales han sido reducidos hasta límites insospechados, poniendo en serio peligro el Estado social; la pobreza y la exclusión social han aumentado, el paro es un mal endémico y miles de personas han sido expulsadas del sistema asistencial de salud, en aras de una supuesta recuperación económica. Todo ello ha tenido lugar ignorando uno de los tratados internacionales, la Carta Social europea, que podría ser el antídoto a esta situación si realmente se respetara y garantizara su contenido. España ratificó la Carta Social europea hace ya más de treinta años, un texto normativo que reconoce derechos sociales, derechos ligados íntimamente a la dignidad de la persona, y que se ha erigido en verdadera Constitución social en Europa. La Carta Social europea es además un código de derecho vivo, que se adapta a los devenires sociales, por lo que su actualidad cobra especial impulso en estos días donde aún colean con fuerza las negras consecuencias de la crisis económica. Esta obra no solo es un repaso por los incumplimientos de la Carta Social europea en España, sino más bien una reivindicación de su fuerza vinculante y de la necesidad de que nuestro país ratifique la versión revisada de la misma y el protocolo sobre reclamaciones colectivas, para que pueda considerarse como un Estado social y democrático de derecho pleno y fuerte, pues la dignidad de la persona no debe ser nunca una mercancía más.